SUETONIO TRANQUILO
La prensa colombiana le ha dado un gran despliegue, y con razón, al grave delito que han denominado con el eufemismo de “chuzadas”; término que pareciera indicar que se trata simplemente de un desliz travieso de algunos funcionarios, cuando en realidad se refiere a un comportamiento al margen de la ley, del cual nunca debe ser víctima ningún colombiano; y menos aún cuando éstas aviesas investigaciones van dirigidas contra periodistas antigobiernistas, políticos opositores o magistrados incómodos; porque ya no estaríamos ante el uso del poder, sino ante el abuso del mismo. Por eso es importante que la fiscalía llegue hasta el fondo y encuentre a los verdaderos culpables para someterlos a la justicia sin importar su rango, así resulte culpable el mismísimo Presidente de la República, porque ya es hora de comenzar a hacer respetar la ley en éste país.
Pero al llegar a este punto de respetar y hacer cumplir la ley, salta a mi mente una gran incógnita: ¿Quién puede hacerlo? ¿Tendremos los jueces probos que lleven a cabo esta misión? Sin duda, estoy seguro de que hay entre los magistrados y jueces personas impolutas capaces de ejercer justicia con imparcialidad según su bien saber y entender, pero a la vez hay que admitir que existen otros que no, y estos podrían lograr que los primeros flaquearan por solidaridad de cuerpo; o tal vez no, pero a la luz de lo que una nación necesita de sus jueces, las actuaciones aberrantes de algunos de ellos, minoría espero, lo obligan a uno a poner en duda la rectitud de sus fallos y su compromiso con la justicia . Veamos…
Cuando quisieron homenajear al magistrado Yesid Ramírez Bastidas, con asistencia entre otros de sus colegas Jaime Arrubla y Francisco Ricaurte, quien fuera presidente de la Corte; los ilustres participantes fueron transportados en vuelo chárter a Neiva y hospedados allí por el señor Ascencio Reyes, distinguido empresario de turismo vinculado en varios negocios con José María Ortiz, alias Chepe Ortiz, extraditado por narcotráfico; pero no fue ésta la única vez que tuvieron contacto con el señor Reyes, hay pruebas de que organizaron con él varios convites en las Residencias Tequendama. También existen registros de viajes de magistrados a la costa para asistir a las festividades de Sincelejo y Barranquilla con gastos pagados por Giorgio Sale, preso por narcotráfico en Italia y por Mancuso, quien no necesita presentación. Además, se han borrado misteriosamente las visitas del señor Sale a la Corte, y nadie parece recordar el costoso reloj que éste le regaló al Doctor Yesid Ramírez Bastídas, ni los zapatos de fino cuero italiano que le obsequió al también magistrado José Alfredo Escobar Araujo, quien dicho sea de paso merece capítulo aparte.
¿Qué tienen en común un Magistrado de la Corte Suprema y un humilde carpintero? Aparentemente, nada; pero cuando el Magistrado encarga un trabajo al carpintero, se establece entre los dos un vínculo contractual que el primero maneja muy bien y el segundo no entiende. En 2003, José de Jesús Uribe Silva, carpintero de profesión y con un taller pequeño del que obtenía su sustento, incumplió el plazo de entrega de un encargo del Doctor Escobar Araujo, quien en un arranque de prepontencia secuestró de manera arbitraria la planeadora, la única planeadora del taller, herramienta esta fundamental en el funcionamiento de una carpintería. José, sin saber defenderse, pero presionado por la imperiosa necesidad de recuperar su máquina, y para su peor desgracia, instauró demanda contra el doctor, convencido que habiendo sido un hecho arbitrario le devolverían su planeadora y podría continuar con su labor; incluso, esperando cumplir con el trabajo de su afamado cliente. ¡Pero en qué cabeza cabe que en Colombia un pobre carpintero pueda obtener justicia frente a los intereses o más bien caprichos de un Magistrado! Así que sucedió lo que tenía que suceder, el carpintero fue a la cárcel mientras el Magistrado lucia los zapatos de Sale.
Siete años después José de Jesús Uribe ha sido absuelto, pero ahora se encuentra en la ruina, viviendo del rebusque como vendedor ambulante y sin recuperar su máquina; mientras el doctor Escobar Araujo sigue impune y engordando su fortuna, incluso con bienes inmuebles en Estados Unidos, ¿de dónde sacaría el dinero?
Algunos de los hechos relatados son de dominio público, de fácil comprobación, otros en cambio, jamás se habrían sabido de no haber sido por las “chuzadas”. Para el ciudadano común, estas interceptaciones tienen que ser ejecutadas sólo por orden judicial, pero cuando son los jueces los que tienen deslices, ¿a quién le corresponde ordenarlas? ¿Quién le pone el cascabel al gato?
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